LOS ÁNGELES — Una serie de redadas sorpresivas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el centro de Los Ángeles provocaron el viernes una fuerte reacción de funcionarios electos y manifestantes, que denunciaron las acciones como “crueles e innecesarias” y dijeron que avivaron el miedo en la comunidad inmigrante.
La tensión se mantuvo alta en el centro de la ciudad hasta la noche. El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) declaró una reunión ilegal y ordenó a unos 200 manifestantes que permanecían reunidos frente al edificio federal de Los Ángeles que se dispersaran alrededor de las 7 pm.
El caos estalló más temprano en el corazón del distrito de la moda, después de que las autoridades federales de inmigración detuvieran a los empleados dentro de una tienda mayorista de ropa y usaran granadas aturdidoras y gas pimienta contra una multitud que protestaba por la redada alrededor de la 1:30 pm.
Cientos de personas se congregaron frente al edificio federal de Los Ángeles a las 4 pm, condenando la represión y exigiendo la liberación del presidente del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) de California, David Huerta, quien resultó herido y detenido mientras documentaba una redada, según un comunicado del sindicato.
“Nuestra comunidad está bajo ataque y ha sido aterrorizada”, declaró Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), a la multitud de manifestantes. “Estos son trabajadores, estos son padres, estas son madres”.
Cuarenta y cuatro personas fueron arrestadas administrativamente, y una por obstrucción durante la acción migratoria del viernes, declaró Yasmeen Pitts O’Keefe, portavoz de Investigaciones de Seguridad Nacional, una rama de ICE. Agentes federales ejecutaron 4 órdenes de allanamiento relacionadas con presuntamente albergar a personas sin permiso de residencia en el país en 3 lugares del centro de Los Ángeles, añadió.
Carlos González Gutiérrez, cónsul general de México en Los Ángeles, afirmó que su equipo ha identificado al menos a 11 ciudadanos mexicanos detenidos durante redadas en el sur de California. La oficina les ofrece servicios legales y, según Salas, están monitoreando las condiciones de detención.
“El centro de detención parece estar a plena capacidad”, declaró. “Todas las celdas parecen estar ocupadas”.
CHIRLA recibió más de 50 llamadas en su línea directa, con reportes de avistamientos de ICE y hombres con uniforme militar en estacionamientos y en lugares cercanos a escuelas, tiendas Home Depot y una tienda de donas.
Connie Chung Joe, directora ejecutiva de Asian Americans Advancing Justice Southern California, comentó que recibió un reporte de agentes de inmigración en una escuela en Koreatown.
Huerta, de 58 años, fue atendido en un hospital y trasladado al Centro de Detención Metropolitano en el centro de Los Ángeles, donde permanecía bajo custodia hasta las 5:30 pm, según un portavoz del SEIU.
“Lo que me sucedió no se trata de mí; se trata de algo mucho más grande”, declaró desde el hospital. “Se trata de cómo nos mantenemos unidos como comunidad y resistimos la injusticia que está ocurriendo. Personas trabajadoras, miembros de nuestra familia y de nuestra comunidad están siendo tratados como criminales. Todos debemos oponernos colectivamente a esta locura porque esto no es justicia”.
En una declaración en la red social X, el fiscal federal Bill Essayli alegó que Huerta había obstruido deliberadamente el acceso de agentes federales a un lugar de trabajo donde estaban ejecutando una orden judicial, bloqueando su vehículo el viernes por la mañana.
Huerta fue arrestado bajo sospecha de interferir con agentes federales y comparecerá ante el juez el lunes, declaró Essayli.
Los funcionarios electos que representan a Los Ángeles a nivel de la ciudad, condado, estado y gobierno federal publicaron una serie de declaraciones condenando el arresto de Huerta, criticando las redadas y denunciando la escalada de deportaciones de la administración Trump.
“El presidente de SEIU de California, David Huerta, fue herido por agentes federales y detenido injustamente”, declaró Janice Hahn, supervisora del condado de Los Ángeles. “Exijo su liberación inmediata. Esto es una democracia. Las personas tienen derecho a protestar pacíficamente, a observar la actividad policial y a denunciar las injusticias”.
El fiscal general adjunto, Harmeet Dhillon, designado por el presidente Trump para dirigir la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, refutó la defensa de Huerta por parte de los funcionarios electos.
“No existe un derecho amparado por la Primera Enmienda para obstruir físicamente a los agentes del orden público, cuando ejecutan una orden judicial debidamente emitida”, declaró Dhillon.
Durante varias horas el viernes, activistas se congregaron frente al almacén de Ambiance Apparel, gritando consejos legales a los detenidos. Se pararon sobre una camioneta de plataforma larga estacionada en medio de la calle, obstruyendo el tráfico en la transitada vía.
“No están solos”, dijo uno por un megáfono que ahogaba el ruido de la multitud. “No firmen nada. No les digan de dónde son”.
Katina García, de 18 años, pegó la cara al cristal, buscando a su padre indocumentado, que había ido a trabajar allí esa mañana, como cualquier otro.
“Nunca pensamos que nos pasaría”, dijo. “No lo puedo creer”.
Después de un par de horas, una legión de agentes federales con equipo antidisturbios llegó a Ambiance Apparel para enfrentarse a más de 100 personas que se habían reunido afuera.
Anunciaron su llegada haciendo sonar las sirenas mientras formaban una fila de vehículos blindados.
“¡Cerdos!”, gritó un hombre durante la estridente escena.
“¡Fascistas!”, dijo otro.
Los agentes desembarcaron y rodearon las puertas que los manifestantes habían intentado bloquear. Algunos lanzaron objetos a los agentes armados, mientras estos gritaban y los filmaban. Para dispersar a la multitud, se utilizó gas pimienta.
Los agentes que habían estado dentro de la tienda sacaron al menos a una docena de personas y las subieron a las camionetas, mientras otros agentes con equipo antidisturbios acordonaban el área.
“¿Cómo pueden dormir de noche, separando familias?”, le gritó una mujer a un agente. “¿Y si se llevan a su familia?”.
Las camionetas llenas de migrantes se fueron primero, seguidas por la fila de vehículos tácticos y camiones. La multitud los siguió, filmando con celulares y rodeando los vehículos durante al menos una cuadra. Luego, los agentes utilizaron lo que parecieron al menos una docena de granadas aturdidoras y gas pimienta antes de que los manifestantes se dispersaran.
Un grupo de 11 concejales de la ciudad de Los Ángeles emitió un comunicado conjunto en el que condenaron duramente los ataques indiscriminados contra niños y familias, y se comprometieron a luchar para proteger a los inmigrantes.
“Condenamos esto rotundamente: Los Ángeles fue construida por inmigrantes y prospera gracias a ellos”, declaró el grupo. “No toleraremos tácticas de miedo para apoyar agendas políticas extremistas que buscan avivar el miedo y sembrar la discordia en nuestra ciudad”.
LAPD y el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles emitieron comunicados indicando que estaban al tanto de las acciones locales en materia de inmigración el viernes. Ambas agencias afirmaron que no participarán en la aplicación de las leyes civiles de inmigración ni intentarán determinar el estatus migratorio de ninguna persona.
“Queremos que nuestros residentes sepan que, cuando llamen para pedir ayuda, el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles responderá, investigará y protegerá a todos, independientemente de su estatus migratorio”, declaró.
Los funcionarios electos, entre ellos las concejales Eunisses Hernández e Ysabel Jurado, y el asambleísta Isaac Bryan (demócrata por Los Ángeles), expresaron su preocupación por los informes de que LAPD estaba colaborando con ICE el viernes.
Videos compartidos en redes sociales mostraron a agentes policiales reunidos en la calle 15 y la avenida Santa Fe, en donde una multitud protestaba contra la medida migratoria en el almacén de Ambiance Apparel.
“Recibimos una llamada de nuestros socios federales solicitando la ayuda de un agente y respondimos para separar a las partes y mantener el orden”, declaró Jennifer Forkish, portavoz de LAPD. “No tuvimos nada que ver con el operativo, pero tenemos la obligación de responder a cualquier agencia del orden público que solicite asistencia urgente”.
La intensificación de las medidas migratorias el viernes en Los Ángeles se produce mientras el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, presiona a ICE para que comience a realizar al menos 3,000 arrestos diarios y cumpla con el mandato del presidente Trump de llevar a cabo la mayor campaña de deportación de la historia.
Esta semana, CBS informó que ICE había registrado 2,000 arrestos diarios, un aumento significativo con respecto al promedio diario de 660 arrestos reportados por la agencia durante los primeros 100 días de Trump en la Casa Blanca.
Miller y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, se enfrentaron el viernes por la noche en la red social X después de que ella publicara un comunicado en el que expresaba su profunda indignación por las medidas migratorias y que su oficina no las toleraría.
Miller respondió: “No tiene ninguna influencia en esto. La ley federal es suprema y se hará cumplir”.
Las redadas de Los Ángeles también se producen tras varias acciones policiales recientes en el sur de California, incluyendo un incidente en el que agentes de ICE desplegaron granadas aturdidoras durante operativos en dos restaurantes de San Diego, y una redada en un club nocturno clandestino de Los Ángeles donde se detuvo a ciudadanos chinos y taiwaneses.
El viernes por la tarde, los senadores estadounidenses Adam Schiff y Álex Padilla, junto con los congresistas por California: Scott Peters y Juan Vargas, exigieron una investigación sobre las tácticas empleadas durante las redadas de San Diego.
“Este preocupante incidente no es un caso aislado. Más bien, parece formar parte de un patrón más amplio de operativos de control migratorio intensificados y teatrales en todo el país”, declararon los legisladores federales. “Estos sucesos plantean serias dudas sobre la idoneidad, la proporcionalidad y la ejecución de las tácticas de ICE”.
La reportera del Times, Kaitlyn Huamani, contribuyó a este informe.
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