Este domingo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, promulgó una serie de enmiendas constitucionales polémicas para reformar el poder judicial del país. La propuesta clave: elegir a todos los jueces, magistrados y ministros por voto popular, incluidos los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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En las últimas semanas, México ha estado conmocionado por estas enmiendas. Unos 55,000 empleados judiciales se han declarado en huelga para oponerse a los cambios. Un día antes de la votación del Senado que aprobó las reformas el 11 de septiembre, manifestantes irrumpieron en las cámaras legislativas, interrumpiendo abruptamente las deliberaciones.
En México y en el extranjero, el debate sobre si las enmiendas fortalecen o ponen en peligro la democracia es acalorado. Por un lado, la Barra Mexicana de Abogados, el Diálogo Interamericano y académicos de Stanford advierten que las enmiendas representan una grave amenaza para la independencia judicial. Por otro lado, López Obrador y su sucesora, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, defienden las reformas, argumentando que estas representan una “verdadera democracia”. “Si los jueces, magistrados y ministros se eligen por el pueblo, ¿dónde está el autoritarismo?”, preguntó Sheinbaum en redes sociales.
En este artículo, argumentamos que el problema no es solo la elección directa de jueces, sino también el diseño específico de esas elecciones. La idea de elegir a los jueces por voto popular puede ser atractiva para los votantes. No obstante, de ser implementada en su estado actual, la reforma privará a los votantes de opciones significativas, consolidará el poder del partido gobernante y perjudicará a los ciudadanos comunes.
Las enmiendas, mejor conocidas como el “Plan C”, fueron un componente clave de la plataforma que llevaron a López Obrador, Sheinbaum y a Morena a controlar la presidencia y la legislatura este pasado junio. Además de la elección popular de jueces, las reformas reducen el número de ministros de la Suprema Corte de 11 a 9, acortan los mandatos de la Corte y el Tribunal Electoral para que coincidan con las elecciones presidenciales, y crean un tribunal disciplinario de elección popular con amplios poderes para sancionar a los jueces, incluidos los de la Suprema Corte.
El consenso entre los académicos es que elegir jueces a través del voto popular perjudica la independencia judicial. Famosamente, el exministro de la Corte Suprema de EE.UU., John Paul Stevens, afirmó que elegir jueces por voto popular es como “permitir que los aficionados al fútbol elijan a los árbitros”. Sin embargo, la elección popular de jueces no es una sentencia de muerte para la democracia. En EE.UU., el 87 por ciento de los jueces de tribunales de apelación y primera instancia enfrentan a los votantes en algún momento. Aunque el modelo estadounidense no es perfecto, la democracia sigue funcionando. ¿Entonces, qué es lo preocupante del Plan C de Morena?
En lugar de dar opciones significativas, las reformas resultarán abrumadoras para los votantes, ya que implican la elección de casi 7,000 jueces, la mitad de los cuales serán electos en 2025 y la otra mitad en 2027. La reforma señala que debe haber hasta nueve candidatos por puesto, lo que podría significar hasta 81 candidatos tan sólo para la Suprema Corte. Con cientos o miles de candidatos en cada boleta, es poco probable que los votantes puedan tomar decisiones informadas. Además, no está claro cómo la autoridad electoral, cuyo presupuesto ha sido recortado por López Obrador, organizará miles de elecciones a partir del próximo año.
La propuesta de elecciones judiciales probablemente llevará a una baja participación electoral y a un porcentaje alto de votos nulos o boletas en blanco, como ya ha sido el caso en elecciones especiales impulsadas por López Obrador y en otros países de América Latina. Esto es preocupante para el estado de derecho, especialmente en elecciones locales cuyo tamaño lleva a que sea más sencillo que unos pocos votos obtenidos bajo presión puedan cambiar los resultados. Aunque las enmiendas prohíben el uso de fondos públicos o privados para campañas, nada impide que figuras, como empresarios, líderes sindicales o incluso capos de cárteles apoyen a un candidato judicial. Este apoyo puede ir desde un respaldo público hasta la compra de votos o la intimidación de votantes. Por ejemplo, en elecciones recientes en Veracruz, grupos de observadores independientes denunciaron el acarreo de votantes en autobuses, y el uso de la policía local para intimidación electoral.
Además, las reformas de López Obrador probablemente dañarán la democracia al consolidar el poder de su partido por una generación, además de debilitar los controles sobre el poder ejecutivo. Un aspecto clave de la reforma es que los nueve jueces de la Suprema Corte serán elegidos en una única elección en junio de 2025, en lugar de escalonar las elecciones a lo largo de varias administraciones presidenciales.
Morena es el principal beneficiario de esta regla. Después de ganar las elecciones presidenciales de 2024 por más de 30 puntos porcentuales, es probable que los jueces nominados por un presidente y una legislatura controlados por Morena logren una supermayoría duradera en la Suprema Corte. Incluso si la opinión pública se tornara en contra del partido gobernante, Morena ya habría influido profundamente en la corte más alta del país de forma persistente. Bajo las reglas anteriores, Sheinbaum solo hubiera podido nombrar a tres de los 11 jueces de la Corte al asumir el cargo el 1 de octubre, dos de ellos después de las elecciones intermedias, tras las cuales un nuevo Senado podría limitar sus nombramientos.
Igualmente, es preocupante que los votantes puedan llegar a enfrentarse a una boleta llena de opciones progubernamentales. Los partidos de oposición en México no tienen forma de garantizar que sus candidatos para la Suprema Corte estén en la boleta. Tanto el presidente como el congreso y Suprema Corte nominarían cada uno a tres candidatos. Sin embargo, dado que Morena controla tanto la presidencia como el congreso, los partidos de oposición podrían no tener la oportunidad de nominar ni un solo candidato.
Si las elecciones de jueces favorecen de manera desproporcionada al partido en el poder, la democracia mexicana enfrentará un riesgo elevado de lo que los politólogos llaman “engrandecimiento ejecutivo”. Esto se refiere a un proceso mediante el cual los titulares del poder ejecutivo eliminan los contrapesos fundamentales para la democracia. A lo largo de América Latina, líderes con tendencias autocráticas han utilizado cortes afines para reinterpretar las constituciones de sus países de manera que socavan la democracia y debilitan salvaguardas importantes. Por ejemplo, los expresidentes Evo Morales de Bolivia y Juan Orlando Hernández de Honduras, así como los actuales presidentes Daniel Ortega de Nicaragua y Nayib Bukele de El Salvador, fueron elegidos bajo constituciones que prohibían la reelección. Sin embargo, cortes que favorecían a estos líderes ayudaron a que estos sobrepasaran los límites de sus mandatos. La constitución mexicana actualmente prohíbe la reelección presidencial, pero un poder judicial que favorece al gobierno de turno podría anular esta disposición.
Finalmente, la reforma judicial en México amenaza con poner en peligro el bienestar económico de sus ciudadanos. Un riesgo real que generan estos cambios es que las empresas extranjeras no quieran realizar inversiones a largo plazo en el país por temor a que jueces aliados con el partido gobernante fallen en su contra, favoreciendo a competidores mexicanos o del Estado. Asimismo, estas cortes podrían demandar que las empresas extranjeras otorguen mayores concesiones financieras. Menos inversión probablemente llevará a menos empleos y peores perspectivas económicas para los mexicanos. De hecho, el valor del peso se ha desplomado casi un 18 por ciento desde las elecciones de junio.
De igual forma, aunque las empresas del estado podrían beneficiarse de cortes más politizadas, los ciudadanos comunes acusados de delitos podrían sufrir. Numerosos estudios en Estados Unidos indican que las elecciones llevan a que los jueces sean más punitivos, a fin de evitar parecer indulgentes con el crimen. Aún peor, este aumento en los castigos recae de manera desproporcionada sobre los acusados que pertenecen a grupos marginados. Esto es una preocupación seria en México, ya que más del 20 por ciento de la población se identifica como indígena.
Aunque algunos de los problemas aquí mencionados son inherentes a la elección de jueces, el diseño institucional es crucial. Si México desea elegir directamente a sus jueces, debe hacerlo de tal forma que minimice los posibles daños a sus ciudadanos.
Por ejemplo, se debería prohibir que los jueces busquen la reelección, ya que esto genera presiones electorales que perjudican la independencia judicial. Debido a que los grupos de interés y las organizaciones criminales son más efectivos al influir en elecciones locales más pequeñas, las reformas deberían especificar que solo los jueces de mayor nivel sean elegidos mediante el voto popular, creando así distritos electorales más grandes que sean más difíciles de capturar por un solo grupo. La elección de los ministros de la Suprema Corte debería de llevarse a cabo de forma escalonada a lo largo del tiempo para reducir el riesgo de que un partido asegure el control de la Corte a largo plazo en una sola elección. Deberían, además, garantizar explícitamente que los partidos de oposición puedan nominar candidatos, de esta forma proporcionándole opciones reales a los votantes, no solo una lista de nominados del gobierno.
En cambio, al impulsar las enmiendas en su forma actual, López Obrador se une a la lista de populistas, la cual incluye a los líderes desde El Salvador y Venezuela hasta Hungría, India y Turquía, que han invocado a la democracia para justificar ataques a las instituciones que hacen posible que esta funcione.
Sheinbaum, quien asumirá la presidencia en octubre, ha apoyado firmemente las enmiendas constitucionales, a López Obrador y a la continuación de su legado. A principios de septiembre, cuando la Suprema Corte escuchó argumentos sobre si el Plan C debía detenerse, Sheinbaum declaró que no había “ninguna posibilidad de revertir la reforma judicial”.
Si bien la elección de jueces no tiene por qué ser fatal para la democracia, sin cambios, la reforma judicial en México podría ser un paso en esa dirección.
Traducido del inglés al español por María Ballesteros.
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