LOS ÁNGELES — Carlos González y Leslie Quechol tienen el corazón roto.
El mundo se derrumbó para Carlos y Leslie el día que la “Migra” irrumpió en las instalaciones de Ambiance Apparel. Es un antes y un después. Es una marca indeleble con la que conviven. Intempestivamente se vieron en la búsqueda de un ser querido que fue arrebatado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), acompañados por hombres con cubiertas faciales.
A pesar de que el presidente Trump se trazó impulsar una campaña de deportación histórica, las cifras de los primeros días —entre el 20 de enero y el 10 de marzo— ascendieron a 32,809 arrestos, es decir 656 diarios. Ese número duplica las detenciones del gobierno de Joe Biden —255 diarios—, pero era insuficiente para alcanzar su cometido.
La Casa Blanca —a través de Stephen Miller, arquitecto de las políticas antiinmigrantes más extremas— anunció el 28 de mayo que iba a triplicar las detenciones.
La mañana del 6 de junio, cuando habían transcurrido 9 días desde que Miller aseguró que iban a detener a 3,000 migrantes diariamente, José Paulino acudió a trabajar con normalidad a la bodega, ubicada en el 2465 E. 16th St en Los Ángeles, en donde se dedicaba a empacar y cargar cajas.
Una llamada de una prima, a eso de las 9 am, alertó a Carlos de que ICE había llegado a Ambiance Apparel, empresa para la que trabajaba su hermano, de 34 años, originario de Veracruz, México.
La noticia circuló como un reguero de pólvora. Activistas se dieron cita al lugar y pedían a los migrantes que eran detenidos que no firmaran nada. Junto a ellos, parado detrás de la barda, Carlos vio cuando José Paulino fue encadenado de sus muñecas, cintura y pies de forma violenta, al igual que el resto de trabajadores.
“Nos destrozó”, confesó el joven de 22 años sobre la escena que presenció.
En esa redada se detuvieron a más de 40 migrantes.
En el primer mandato de Trump, en un operativo fueron arrestadas 161 personas en 6 diferentes condados del sur de California, en febrero de 2017.
También en los 2 últimos años del presidente George W. Bush se realizaron redadas a gran escala. El 7 de febrero de 2008 más de 100 agentes armados irrumpieron en la compañía Micro Solutions Enterprises, ubicada en 8201 Woodley Ave, en el vecindario angelino de Van Nuys. ICE llegó por 8 personas con antecedentes criminales que fueron arrestadas y al mismo tiempo detuvieron a 130 migrantes más.
En redadas masivas o detenciones individuales el dolor es igual para las familias afectadas.
“No estaban en una tienda robando, estaban trabajando, son personas humildes, ellos no son criminales”, dice Perla Ríos, activista indígena zapoteca, que junto a otros activistas de su comunidad salieron a clamar justicia por los detenidos en Ambiance Apparel.
Al menos 14 de los trabajadores arrestados son zapotecos, originarios de El Nigromante, poblado veracruzano ubicado en el municipio de Playa Vicente.
Desde que su primo Ismael fue arrestado, Leslie comenzó a llamar al centro de detención local en Los Ángeles. Acudió directamente a esas instalaciones, pero no le dieron información de su paradero.
Originario del estado mexicano de Puebla, este migrante de 40 años bajaba productos de los contenedores y manejaba un montacargas en la bodega de Ambiance Apparel. Su esposa, de ascendencia zapoteca, está devastada. Ella se ha quedado sola con sus hijos, cuyas edades oscilan entre 1 y 9 años.
Cuatro días después del arresto, Leslie logró reunirse con su primo en el centro de detención de Adelanto, ubicado a 86 millas al noreste de Los Ángeles. El migrante narró que ese día tenebroso caminaba por la puerta de la bodega cuando vio pasar varios carros en fila con placas regulares.
En la medida que las camionetas se acercaban más, observó que otros vehículos no llevaban placas y las ventanas estaban oscuras. Algo que se le hizo extraño. Dejó lo que estaba haciendo y avisó, a cuanto compañero se le cruzó en el camino, que les había caído la “Migra”.
“Somos policías, salgan”, gritaban los agentes.
Al entrar a la bodega, los agentes utilizaron drones para detectar el calor. Con un listado en mano, llamaron a todos los empleados de ese local.
A pesar de todos los esfuerzos de Trump, el presidente Barack Obama dejó la vara bien alta. En los 8 años de su gobierno, la cifra récord de deportaciones ascendió a 3,094,208. En cambio, en su primer mandato Trump deportó a 1.5 millones de personas, según un análisis del Migration Policy Institute.
Lo que ahora se está viviendo, señalan activistas, es una mezcla de responsabilidades. Han pasado casi 4 décadas desde que Ronald Reagan aprobó la amnistía que regularizó a 3 millones de personas en noviembre de 1986. En los 3 últimos gobiernos demócratas, una de las banderas de campaña fue la ansiada reforma migratoria. Algo que no se logró y provocó frustración entre un sector de los votantes latinos.
En las elecciones presidenciales anteriores, los votantes le pasaron factura a Biden por abrir las puertas a migrantes que recibieron beneficios inmediatos, planteó el activista Francisco Moreno. Al mismo tiempo, este organizador mexicano apunta que muchos le dieron su apoyo al partido republicano pensando en que Trump tenía la capacidad para mejorar la economía.
Una encuesta a boca de urna, elaborada por Edison Research, detalló que Trump atrapó el 46% de los votantes hispanos, es decir que recibió un 14% más que en las elecciones de 2020.
“Todo eso enojó a los votantes, muchos de ellos votaron por Trump pensando que iba a ser mejor, pero salió peor el remedio”, enfatizó Moreno, condenando las redadas inconstitucionales y el autoritarismo sin precedentes. “Se están transgrediendo los derechos humanos, esto está fuera de control”.
En 2011 se estableció una política que prohibía a ICE realizar arrestos en lugares sensibles como escuelas e iglesias. Un día después de regresar a la Casa Blanca, el gobierno de Trump revirtió esa medida. En este mandato, algo que se ha expandido son las detenciones de personas después de salir de las cortes de inmigracion.
En esas cortes, detalla la abogada de inmigración Elizabeth Uribe, si un fiscal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pide desestimar el caso de una persona, al salir es arrestada y colocada en proceso de deportación acelerada.
Desde 1996, cuando el presidente Bill Clinton firmó esa ley, las personas detenidas en la frontera eran removidas de forma expedita. Ahora están aplicando esa ley en el interior del suelo estadounidense, no importa qué tan retirados están de la frontera, explicó la abogada.
La jurista destaca que ahora no existe un memorando que especifique quiénes son prioridad para ser detenidos, como ocurrió en las administraciones de Obama y Biden, cuando estaba claro qué tipo de antecedentes volvía a una persona objeto de una deportación.
“Hoy se dice que quieren llegar a ciertas cifras y por eso están agresivos; están viendo solo números, están deteniendo a ciudadanos estadounidenses. Es claro que están viendo como parecen las personas, qué tipos de trabajos tienen; están aplicando un perfilamiento racial”, describió la abogada Uribe.
La postura del presidente Trump no tiene matices.
Mientras los inmigrantes abogan por sus familiares detenidos sin antecedentes penales, el mandatario coloca a las personas indocumentadas en la misma cesta a todos.
En un mensaje en las redes sociales, Trump pidió el 15 de junio a ICE que intensifique las redadas en ciudades gobernadas por demócratas, citando entre ellas a Los Ángeles. Este pronunciamiento ocurrió un día después de una marcha masiva que se realizó en las grandes ciudades estadounidenses en protesta por las políticas antiinmigrantes y por el deterioro del marco constitucional.
“Deben ampliar los esfuerzos para detener y deportar a los extranjeros ilegales en las ciudades más grandes de Estados Unidos, tales como Los Ángeles, Chicago y Nueva York, donde residen millones y millones de extranjeros ilegales”, escribió Trump en las redes.
El padre de Saraí Ortiz laboró 18 años en la empresa Ambiance Apparel. Con su trabajo ayudó a que sus 3 hijos —incluida Saraí— terminaran la universidad. Al darse cuenta de los operativos de ICE, José Ortiz buscó información y repartió tarjetas con los derechos de los migrantes entre sus compañeros.
“Fue doloroso verlo arrestado junto con sus compañeros a los que él cuidaba mucho”, confesó la joven que 72 horas después del arresto no había logrado tener comunicación con su padre, al llamar le decían que no está en el sistema. “Es una persona muy responsable, muy amorosa”.
Lo que ha ocurrido con Mario Romero es un secuestro, dice Yurien. Su padre era el apoyo económico y emocional de su familia. Tres días después del arresto seguía sin tener noticias. El más afectado es su hermano menor, un niño de 4 años que padece autismo.
“Él nos dice: ‘quiero a papá’”, confesó entre lágrimas, agregando que ver a Mario con grilletes y sin poder hacer nada para defenderlo fue una experiencia traumática.
En su departamento, Carlos tiene un altar. Las velas iluminan la entrada de su hogar. En su interior impera el desconsuelo desde que su hermano, José Paulino, cayó en manos de ICE. Todavía no asimila lo ocurrido. El fin de semana previo al arresto ambos se fueron a un campamento a Sandy Flat, en el Bosque Nacional de Sequoia, en el condado de Tulare.
“Eso hizo que duela más la situación”, reveló rememorando esos 3 días en que se conectaron mejor como hermanos.
Una hermana ha estado llamando desde ese 6 de junio. Un día después, José Paulino se comunicó para avisar que había sido trasladado para Santa Ana, California, algo que las autoridades nunca informaron. El martes, 10 de junio, volvió a llamar. Esta vez indicó que había sido movido para Adelanto, en el condado de San Bernardino.
En esas llamadas, cuya duración no ha superado los 2 minutos, el migrante contó que los primeros 5 días no le dejaron bañarse y que el agua que consume tiene sabor a cloro. En el centro de detención le han dicho que sus opciones son: pelear su caso en una corte de inmigración o firmar la deportación. Uno de los compañeros firmó la salida voluntaria, en menos de 72 horas estaba camino a San Ysidro, el punto fronterizo que conduce al territorio mexicano.
“Todos estamos adoloridos, con corazones rotos”, manifestó Carlos.
En medio de la tormenta, Carlos ha encontrado apoyo en su comunidad indígena zapoteca, una luz de esperanza para él, porque para todas las familias de los detenidos estos tiempos están marcados por el temor, pero su comunidad se ha armado de valor para levantar la voz.
Primera parte: Inmigrantes viven entre el dolor y el terror.
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