CHICAGO — Cuando Gladis Yolanda Chávez tuvo por fin la oportunidad de hablar con su abogado, dos días después de ser detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, lo primero que le pidió fue que mantuviera a salvo a su hija.
La hija de 10 años de Chávez estaba en la escuela cuando su madre fue detenida en un control del ICE el miércoles, una de las 20 personas que se calcula fueron detenidas durante controles sorpresa en las oficinas del Programa de Comparecencia Bajo Supervisión Intensiva de la agencia federal en Chicago. Ese mismo día se produjeron detenciones similares en Nueva York, San José y Birmingham.
Chávez y unas 20 personas más seguían en el centro de procesamiento de ICE en Broadview el viernes por la mañana. Como la instalación no es un centro de detención, algo prohibido en Illinois debido a la ley estatal Way Forward Act, no hay camas. Así que habían estado durmiendo en el suelo y sentados en las pocas sillas disponibles, dijo a sus abogados y simpatizantes, que finalmente pudieron verla el viernes.
Según sus abogados, había sido difícil localizarla porque Chávez y otras personas detenidas recientemente no habían sido incluidas en el sistema de localización en línea de detenidos del ICE, que suele ser la única forma que tienen las familias de encontrar a sus seres queridos tras su detención.
“Estamos indignados, y esto no es el fin. Seguiremos observando cómo el ICE está combatiendo y exponiendo sus tácticas racistas contra los inmigrantes de color”, dijo Antonio Gutiérrez, cofundador y coordinador estratégico de Comunidades Organizadas Contra las Deportaciones, donde trabajó Chávez. “Esto es fascismo y racismo en su máxima expresión, mientras el gobierno estadounidense comete secuestros ilegales, coerción y trata de personas sin órdenes de deportación”.
Partidarios de Chávez, funcionarios electos y sus abogados hablaron en una conferencia de prensa el viernes frente al centro de procesamiento de Broadview para exigir que ICE libere a Chávez y otros detenidos el miércoles.
A.J. Johnson Reyes, uno de los abogados de Chávez y miembro de Beyond Legal Aid, dijo que si bien un agente de ICE con el que habló anteriormente le mostró su deseo de ayudar, dijo que el agente le dijo a Reyes que ya no podía hacerlo porque ahora “está cumpliendo órdenes”.
“Se ven obligados a dejar de lado su humanidad”, dijo Reyes. Aun así, añadió, su equipo está comprometido a hacer todo lo legalmente posible para detener la deportación de Chávez.
Los abogados solicitaron dos suspensiones de la deportación para intentar detenerla. La suspensión temporal fue concedida por el Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito de EEUU, según Reyes. Se presentó otra solicitud de suspensión ante el ICE, pero no fue concedida.
Aunque mantienen la esperanza, se preparan para lo peor.
En cualquier momento, Chávez podría ser enviada de regreso a su natal Honduras o a un centro de detención al otro lado del país, dijo Xanat Sobrevilla, amiga de Chávez desde hace mucho tiempo y miembro de la OCAD.
“Estaba completamente dedicada a su hija”, dijo Sobrevilla entre lágrimas.
Chávez se ha desempeñado como organizadora comunitaria para OCAD, una organización que brinda recursos y asistencia legal a personas indocumentadas que enfrentan la deportación para garantizar el derecho al debido proceso.
Irónicamente, mientras Chávez instaba a otros a cumplir la ley, fue detenida.
Según sus partidarios, Chávez recibió un mensaje el 2 de junio para presentarse en la oficina de ISAP en 2245 S. Michigan Ave. para un “registro”, a pesar de que ya estaba sujeta a monitoreo electrónico a través de un brazalete en el tobillo.
Ella llegó el miércoles con sus dos abogados, dijeron. Pero después de más de 90 minutos, la esposaron y los agentes de ICE les ordenaron que se fueran. Estaba detenida.
Chávez llegó de Honduras hace más de una década, buscando refugio de la pobreza extrema y la violencia en su país natal. Vivía en el noroeste de la ciudad y llevaba casi ocho años asistiendo a controles de rutina con ICE.
El sistema, que también le exigió usar un grillete electrónico durante los últimos dos meses, ofreció a personas como Chávez, que no se consideran una amenaza o que tenían un caso de inmigración en curso, una alternativa a la detención y la deportación.
Lo que se suponía que sería una revisión rutinaria con ICE se ha convertido, para muchos, en un punto de inflexión.
Los agentes tienen amplia discreción para decidir si las personas pueden permanecer en el país o ser deportadas. Sin embargo, los defensores advierten que las nuevas cuotas impuestas por el Departamento de Seguridad Nacional dejan poco margen para la discreción o la compasión, incluso para quienes han vivido en Estados Unidos durante más de una década.
Aunque se ha convertido en el rostro de esta reciente operación de ICE en Chicago, hay decenas de familias que esperan ayuda y claridad, dijo Gutiérrez.
Y hay decenas de padres que dejan atrás a sus hijos en Estados Unidos, añadió.
Muchos fueron detenidos durante un registro sorpresa en la oficina de ISAP Chicago incluso después de haber cumplido plenamente con todos los requisitos impuestos por ICE, incluido el uso de un monitor de tobillo, dijeron los partidarios.
Afuera de las instalaciones de Broadview, Lawrence Benito, director ejecutivo de la Coalición de Illinois para los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados, dijo que las nuevas operaciones eran parte de la “agenda racista de Trump” y que están comprometidos a seguir organizándose para asegurarse de que la gente conozca sus derechos.
La concejala Rossana Rodríguez Sánchez, del Distrito 33, donde vivía Chávez, dijo que ella también defendería los derechos de los inmigrantes a pesar del enfrentamiento con agentes de ICE afuera de las instalaciones el miércoles, donde ella y otros concejales afirmaron haber sido maltratados.
“Asumiremos los riesgos necesarios para proteger a nuestra comunidad”, afirmó.
©2025 Chicago Tribune.
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