LOS ÁNGELES — La comunidad en donde vive Concepción Santay Gómez ha sufrido diferentes invasiones. Este hombre de 58 años nació en un poblado maya ixil que en 1982 sufrió la masacre perpetrada por el general Efraín Ríos Montt. Cuarenta años después la lucha es para defender su territorio ancestral en el departamento del Quiché, en la región noroccidental de Guatemala.
La actual movilización social es en contra de las corporaciones transnacionales que han invadido su tierra para instalar plantas hidroeléctricas, pasando sobre las disposiciones y voluntad de los pueblos originarios.
“Esta invasión ha provocado mucho impacto en las comunidades, no hubo consulta”, lamentó Gómez, originario del municipio San Juan Cotzal, quien visitó Los Ángeles a principios de febrero para participar en la presentación del libro The Fourth Invasion, que significa La cuarta invasión, en la que se ha documentado esta denuncia.
El autor del libro, Giovanni Batz, comenzó a trabajar con los líderes comunitarios y habitantes de esa municipalidad desde 2011.
Batz, profesor asistente de la Universidad de California en Santa Bárbara y de raíces guatemaltecas, dedicó 27 meses de investigación realizando entrevistas, revisando archivos y haciendo estudios etnográficos. Durante ese tiempo vivió en ese poblado maya ixil. Su visita coincidió con la lucha que los habitantes iniciaron en contra del establecimiento de la hidroeléctrica Palo Viejo, propiedad de la compañía Enel Green Power.
“El Estado mira los intereses de las empresas y no ve el lado de las comunidades indígenas”, apunta el académico.
El investigador documenta que la hidroeléctrica Palo Viejo utiliza el agua de cinco ríos: Cotzal, Chipal, El Regadío, El Arroyo, Escondido y Putul.
La planta tiene una capacidad de 85 megawatts y genera 370 gigavatio-hora de electricidad anualmente. En promedio generan entre 30 y 40 mil millones de dólares, dándole a la municipalidad alrededor de $300 mil, es decir menos del 1% de las ganancias que generan, sostiene Batz.
En el municipio de San Juan Cotzal viven alrededor de 31 mil habitantes.
Gómez, originario de la aldea San Felipe Chenla, asegura que esta no es la primera vez que se enfrentan a condiciones adversas. La primera invasión fue la llegada de los españoles, la segunda fue el despojo de las tierras con el establecimiento de fincas y la tercera fue el genocidio ocurrido en 1982.
Durante el mandato de Ríos Montt, se implementó el plan denominado “tierra arrasada” con el objetivo de eliminar al pueblo ixil para evitar que se incorporaran a la guerrilla, provocando masacres, ejecuciones, torturas y violaciones.
Gómez en ese momento tenía 14 años. Todavía recuerda los helicópteros y tanques de guerra en su comunidad.
“Secuestran a mi papá, mis tíos y otras personas amigas de mi papá, hubo varias desapariciones por parte del ejército; empezaron a secuestrar y torturar”, detalló el hablante de los idiomas ixil y k’iche’.
Entre las 1,771 personas de la comunidad ixil masacradas está el padre de Gómez y sus familiares. Debido a ese genocidio se forzaron a 29,000 personas a dejar sus hogares, igual hubo al menos 9 casos de violencia sexual y varios casos de tortura.
“Iban a terminar con las comunidades, somos sobrevivientes y ahora nos vienen a quitar los ríos y las montañas que tenemos”, añadió el líder indígena.
Para defender a su comunidad, al saber del plan de la hidroeléctrica Palo Viejo, Gómez y otros líderes comunitarios bloquearon la carretera durante 4 meses desde principios de 2011, impidiendo el paso de maquinaria hacia el municipio de San Juan Cotzal.
Por ese motivo llegaron a la zona policías y soldados para habilitar el paso.
“La presa fue construida en una finca que fue despojada de las tierras de los abuelos”, señaló.
La hidroeléctrica comenzó a operar en 2012, luego de un acuerdo que durará 20 años firmado entre el gobierno central y la municipalidad; sin embargo, los líderes comunitarios no han quitado el dedo del renglón.
La lucha de esta comunidad ixil se originó porque ellos no fueron consultados antes de implementar este proyecto, apelando al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en donde se garantiza el derecho a los pueblos indígenas a decidir sus propias prioridades en el proceso de desarrollo.
Como resultado de ese movimiento social, en 2015 la Corte de Constitucionalidad de Guatemala emitió un dictamen en el que se ordena a las instituciones de gobierno consultar a los pueblos indígenas antes de implementar proyectos como el de San Juan Cotzal.
Durante el tiempo de investigación, Batz asegura que solo el 37% de la población tuvo acceso a la electricidad que se genera en la presa instalada en ese municipio. También pudo observar que estas empresas están contaminando el medio ambiente y que en vez de llevar progreso a la zona, los habitantes están migrando a Estados Unidos.
“La hidroeléctrica comenzó a operar en 2012 y aumentó la migración, también ha impactado en el precio de la tierra, la gente tiene que obtener préstamos para comprar terrenos”, valoró el investigador.
“El libro funciona como una denuncia a las empresas y a todos los que están colaborando con ellas”, subrayó Batz.
A fin de ampliar este señalamiento, Gómez ha viajado a Italia, país de origen de la compañía propietaria de la hidroeléctrica, y a Estados Unidos en varias ocasiones.
En su último viaje, estuvo en la Universidad Estatal de California en Los Ángeles y en la Universidad de California en Santa Bárbara. El mensaje que está llevando a diferentes partes es que siguen luchando en defensa de su territorio y exigen que se respete la consulta con la comunidad antes de implementar cualquier proyecto que atente contra sus recursos naturales y su legado ancestral.
The post ‘Somos sobrevivientes’: el pueblo maya ixil sale en defensa de su territorio en Guatemala appeared first on Los Angeles Times.
