Un concierto que acabó este fin de semana en batalla campal porque el artista se negó a cantar corridos, que estaban prohibidos en esa región, ha vuelto a poner a México ante un dilema: ¿se deben prohibir los narcocorridos para intentar reducir la violencia?
La presidenta Claudia Sheinbaum lo considera “absurdo”, según reiteró el lunes. Ella apuesta por construir y promover conciencia social para que no se haga apología del narcotráfico, las drogas, ni de cualquier tipo de violencia, como por ejemplo hacia la mujer.
Pero en su mismo partido, el oficialista Morena, se han multiplicado las voces que apuestan por lo contrario aunque tales medidas son criticadas por muchos abogados y la experiencia de su puesta en marcha en algunos estados desde hace años pone en duda su eficacia.
Este fin de semana, la negativa de un cantante, Luis R. Conríquez, a entonar algunas de sus más populares canciones —los llamados corridos bélicos— en un concierto en el municipio de Texcoco, en las afueras de Ciudad de México, para cumplir con la legislación local acabó en una batalla campal. Sus enojados seguidores comenzaron a lanzar todo tipo de objetos a la banda que tuvo que salir del escenario.
El gobierno del Estado de México, de Morena y donde está Texcoco, había recordado el mismo sábado en un comunicado su potestad de sancionar a quienes hicieran apología de la violencia o las drogas; fueran artistas, promotores o el público en general.
El mismo lunes, el también oficialista gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunciaba que esta semana quedaría prohibido por decreto todo espectáculo público que haga apología del delito “porque debemos recuperar la paz, la tranquilidad”.
Su homólogo de Jalisco, el opositor Pablo Lemus, también aseguró recientemente que en los espectáculos organizados por su gobierno no se presentarán grupos que tengan el antecedente de elogiar a criminales, algo que ocurrió a finales de marzo. Durante un concierto se proyectaron imágenes del líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, uno de las organizaciones criminales más sanguinarias y poderosas del país, un hecho que está todavía en investigación para saber quién lo promovió.
Días después del mencionado concierto en Jalisco, Estados Unidos quitó las visas a los integrantes del grupo, Los Alegres del Barranco, por ensalzar al narcotraficante de una organización recientemente calificada como terrorista.
Los intentos por prohibir corridos que exaltan a líderes del narcotráfico existen desde el último tercio del siglo XX y en el siglo actual han surgido iniciativas similares desde administraciones de todos los colores políticos. Grupos de tanta fama como los Tigres del Norte llegaron a denunciar hace décadas casos de censura.
Ahora no están permitidos en varios estados, ya que cada uno se rige por sus respectivos códigos penales locales. Muchos expertos consideran que el nuevo auge prohibicionista responde a demagogia política o al nuevo contexto de relaciones con Estados Unidos.
Como ocurrió con otras prohibiciones culturales en distintos momentos de la historia, dentro y fuera de México —el son, el tango o el rock — , los corridos continuaron tocándose y escuchándose pese a los vetos. Se recrudecieron con letras más explícitas y sanguinarias cuando se acentuó la violencia que da pie a estas ‘crónicas’ y sus seguidores se multiplicaron con la proliferación de las redes sociales, indica el sociólogo de Tijuana José Manuel Valenzuela, uno de los académicos que más ha estudiado este fenómeno.
Un ejemplo es Peso Pluma que, con sus corridos tumbados, una de las variantes más populares del polémico género musical, fue el artista más reproducido en Youtube en 2023.
“El error es seguir pensando que combatiendo los corridos se combate el problema de fondo”, que es la violencia, agregó Valenzuela, quien atribuye esta nueva oleada prohibicionista al endurecimiento de la retórica contra los cárteles de la administración de Donald Trump.
En el código penal federal mexicano ya está tipificado el delito de apología de la violencia pero la línea entre ese concepto y la libertad de expresión ha sido un constante tema de debate en distintas partes del mundo cuando los gobiernos han intentado regular los contenidos públicos, por ejemplo, en las redes sociales.
Para Leopoldo Maldonado, abogado de la ONG de defensa de la libertad de expresión Artículo 19, criminalizar a los cantantes es “una salida fácil de los políticos ante la incapacidad y la falta de voluntad para investigar y para sancionar las atrocidades que se están cometiendo en México ”. Recuerda, además, que con las normas actuales se puede actuar contra quienes inciten al odio o la violencia sin necesidad de “censura previa”, algo prohibido en la Constitución.
Para contrarrestar el discurso de odio, Naciones Unidas apuesta por una narrativa positiva que defienda el respeto por la libertad de expresión como norma.
Valenzuela resume su postura sobre los corridos en una frase: no hay que prohibirlos, sino promover que favorezcan otros mensajes, como ya empieza a ocurrir con algunos que, por ejemplo, denuncian los feminicidios.
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