Los Ángeles — En su primer día del segundo mandato, el presidente Donald Trump marcó un giro en la política migratoria al modificar las restricciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre los arrestos de inmigrantes en escuelas, hospitales y lugares de culto. Durante más de una década, el DHS había limitado las detenciones en estos espacios, pero ahora los oficiales solo deberán aplicar discreción y sentido común al actuar.
Además, Trump firmó varias órdenes ejecutivas dirigidas a reducir el financiamiento federal para las llamadas “ciudades santuario”, que ofrecen mayores protecciones a inmigrantes indocumentados. Esta medida sigue la recomendación del Proyecto 2025, que instó al Congreso a establecer “desincentivos financieros” para las jurisdicciones que adopten políticas santuario.
El Proyecto 2025 se alinea estrechamente con la estrategia de Donald Trump para endurecer las políticas migratorias y fortalecer la seguridad en la frontera sur. Tanto el expresidente como la iniciativa respaldan la expansión de los centros de detención para inmigrantes indocumentados, el aumento de la autoridad de las fuerzas del orden locales para identificarlos y la revocación de las políticas migratorias implementadas durante la administración Biden. Además, proponen limitar el acceso de inmigrantes indocumentados a fondos públicos y restringir los programas de libertad condicional, entre otras medidas destinadas a endurecer el control migratorio.
Por ahora, activistas a lo largo y ancho del país se han propuesto activar las alarmas en sus comunidades y responder con marchas, demandas civiles y ahora pidiéndole a los políticos locales que los apoyen.
Recientemente una coalición de líderes nacionales y comunitarios de toda la comunidad latina se reunió en el Capitolio para exigir rendición de cuentas y una acción rápida del Congreso en respuesta a las políticas dañinas de la administración Trump y la extralimitación del gobierno durante el primer mes del Presidente Trump en el cargo.
Durante la conferencia de prensa, los defensores latinos destacaron las historias personales de las familias afectadas. Instaron al Congreso a proteger la clase trabajadora. Hicieron un llamado a todos los responsables de las políticas federales para que se centren en el mandato de los votantes estadounidenses de fortalecer la economía estadounidense, reducir la inflación y aumentar los salarios.
El representante estadounidense y presidente del Caucus Hispano del Congreso (CHC), Adriano Espaillat (D-NY-13), mencionó: “La historia latina es la historia estadounidense. El CHC la defenderá. Esta semana, nos mantenemos unidos contra el presupuesto republicano que recorta al menos $1 billón de Medicaid, amenazando a 80 millones. Este presupuesto también alimenta el plan de deportación masiva de Trump, diezmando la fuerza laboral agrícola en un 16%, lo que lleva al aumento de los precios de los alimentos. Esto es atroz y debemos luchar”, dijo.
Por su parte, Janet Murguía, presidenta y directora ejecutiva de UnidosUS, instó a la administración Trump a recordar que los votantes apoyan abrumadoramente las políticas que ayudan a quienes tienen dificultades económicas, pero señaló que en el último mes “no ha habido ningún intento de abordar estos problemas urgentes, críticos no solo para los 65 millones de latinos de la nación, uno de cada cinco de los que viven en este país, sino para todos los estadounidenses”. Enfatizó que “en cambio, hemos obtenido caos, crueldad y un abuso de poder inconstitucional”.
Murguía también se pronunció en contra del ataque a la Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), y señaló que “las personas calificadas que han dedicado años de servicio a nuestro país no son respetadas y descartadas simplemente por ser quienes son”.
La activista habla sobre las medidas que Trump está tomando contra los programas de DEI, avanzando rápidamente para eliminarlos tanto en el gobierno como en el sector privado. Se trata de una serie de políticas y programas diseñados para promover la representación y participación equitativa de grupos históricamente subrepresentados en diversos ámbitos, como el laboral, educativo y social. Estas iniciativas buscan garantizar que personas de diferentes orígenes raciales, étnicos, de género y socioeconómicos tengan igualdad de oportunidades y sean valoradas en sus entornos.
Héctor Sánchez Barba, presidente y director ejecutivo de Mi Familia Vota, afirmó que esta administración no tiene el mejor interés de las familias trabajadoras ni para protegerlas o empoderarlas.
“Estos ataques antiinmigrantes de MAGA están dejando a innumerables personas trabajadoras con miedo, aisladas y vulnerables. Y estas acciones afectarán a todos. Nuestras comunidades merecen algo mejor. Seamos claros: los inmigrantes no solo contribuyen, son la base de este país”, dijo.
Los trabajadores indocumentados representan el 22% de todos los empleos agrícolas de EE. UU., el 15% de todos los empleos de construcción y el 8% de todos los empleos de fabricación. Las deportaciones masivas podrían resultar en escasez de mano de obra, lo que afectaría profundamente la oferta y aumentaría el costo de bienes y servicios específicos en estos sectores, argumentan activistas.
“Su plan de deportación masiva marcará el alma de nuestra nación y resultará en una crisis humanitaria y financiera. No normalicemos el trumpismo y el extremismo que representa. Los inmigrantes son vitales para la historia y el futuro de Estados Unidos”, dijo Sánchez Barba.
A juicio de Juan Proaño, director ejecutivo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), la comunidad latina no es solo una parte de la historia de Estados Unidos: “estamos dando forma a su futuro”.
“Más allá de nuestro trabajo, también somos contribuyentes importantes a las finanzas de la nación. Solo en 2019, los hogares latinos contribuyeron con más de $308 mil millones en impuestos, financiando servicios esenciales como escuelas, atención médica, infraestructura y seguridad social, de los que dependen millones de estadounidenses”, dijo el activista.
“Hoy exigimos responsabilidad y acciones (de parte de nuestros representantes) que protejan a nuestras familias, respeten nuestro trabajo y defiendan los valores de justicia y oportunidad que definen a este país. El momento del liderazgo es ahora, y hagamos oír nuestras voces”, sostuvo.
Por ahora, la comunidad pro inmigrante monta su fe en el proyecto de ley recientemente presentado como la Promesa Estadounidense de 2025 por la congresista Sylvia García (D-TX-29) y otros legisladores que aprobaron el proyecto.
Este proyecto de ley establecería un camino hacia la ciudadanía para las personas con DACA, Estatus de Protección Temporal (TPS), Salida Forzada Diferida (DED) y otros jóvenes inmigrantes que aspiran a convertirse en ciudadanos.
Angelica Salas, Directora Ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), dijo que una abrumadora cantidad de estadounidenses apoya un camino hacia la ciudadanía como una forma justa, humana y práctica de gestionar la inmigración en los Estados Unidos.
“Este proyecto de ley ofrecería a los inmigrantes asentados hace mucho tiempo que han contribuido a sus comunidades durante años una oportunidad de construir un futuro más fuerte, apoyar las economías locales y ver sus esperanzas y aspiraciones realizadas”, dijo Salas.
“Durante más de 20 años, el Congreso ha vuelto a presentar la Ley de Sueños y Promesas, pero la ha ignorado. Este es el momento de ser audaces y valientes y presentar alternativas reales a las prácticas injustas, costosas y crueles de la Administración Trump. El Congreso puede estar a la altura de las circunstancias promulgando políticas que mantengan unidas a las familias y prometen un futuro mejor para millones de personas”, dijo Salas.
Para Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva de America’s Voice, defender las oportunidades y el futuro de los Dreamers, los beneficiarios del TPS, los trabajadores agrícolas y las familias es esencial y un punto de consenso poco común sobre inmigración entre la mayoría estadounidense.
Esta ley “ofrecería protecciones críticas en un momento en que la Administración Trump busca promulgar una purga masiva indiscriminada de inmigrantes, incluidos aquellos que son elegibles para las vías legales creadas en esta legislación”, dijo Cardenas.
“Este proyecto de ley no sólo es de vital importancia para los inmigrantes cuyo futuro se vería enormemente fortalecido con su aprobación, sino también para las familias, comunidades e industrias que dependen de ellos y que piden soluciones migratorias en lugar de caos, crueldad y deportaciones masivas”, dijo.
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