Los Ángeles — Bajo la primera iteración de la política de Permanecer en México, casi 70,000 personas fueron privadas de una oportunidad justa de solicitar asilo. Varados en México, solo un 10 por ciento de los solicitantes de asilo sujetos a la política pudieron encontrar representación legal, sostienen activistas.
Para los activistas a favor de la inmigración, la historia se vuelve a repetir, e igual vuelven a las cortes.
Es por ello que el pasado 11 de febrero, Immigrant Defenders Law Center (ImmDef) solicitó a una corte federal que detuviera el plan de la administración Trump de reiniciar la política de Permanecer en México “inmediatamente”.
Implementada por primera vez en 2019, esta política obligaba a las personas que buscaban asilo a esperar sus fechas de audiencia en la corte de inmigración de EE. UU.,en condiciones peligrosas en México.
La moción que solicita una suspensión de emergencia fue presentada por Immigrant Defenders Law Center et al. v. Noem, una demanda colectiva federal que impugna los daños continuos resultantes de la primera encarnación de permanecer en el país vecino en lugar de esperar respuesta dentro de Estados Unidos. En 2023, un juez federal determinó que la política probablemente equivalía a “violaciones agudas y radicales” de los “derechos fundamentales” de ImmDef y sus codemandantes.
En la moción presentada el ImmDef, el proveedor de servicios legales de inmigración sin fines de lucro con sede en Los Ángeles, argumenta que reiniciar la política de Permanecer en México socavará sus esfuerzos para brindar asistencia legal a inmigrantes y refugiados en el sur de California y sus alrededores, en violación de sus derechos bajo la Primera Enmienda y la ley de inmigración de los EE. UU. La organización está pidiendo a la corte que retrase la reanudación de Permanecer en México hasta que determine si la política es legal tal como se implementó.
“El gobierno de Estados Unidos suspendió anteriormente el programa Permanecer en México debido a sus ‘defectos endémicos’ y su impacto devastador en los seres humanos que buscan protección contra la persecución”, dijo Lindsay Toczylowski, presidenta y directora ejecutiva de ImmDef.
“Al limitar severamente el acceso a los abogados y obligar a las personas vulnerables a esperar sus audiencias de inmigración al otro lado de la frontera en condiciones peligrosas, la política socava el derecho al asilo, erosiona el debido proceso y pone en peligro la vida de las personas. No se equivoquen: Permanecer en México es una violación ilegal tanto del derecho nacional como del internacional y no se debe permitir que se reanude de ninguna forma”, sostuvo.
De acuerdo con líderes comunitarios pro inmigrantes, muchas personas cayeron presas de una grave violencia a manos de grupos criminales organizados en el pasado, y temen que ahora pueda volver a ocurrir. Las condiciones eran tan peligrosas que algunos solicitantes de asilo fueron secuestrados en el camino a sus audiencias y se ordenó su deportación en ausencia, aseguran activistas. Solo el 1.1 por ciento finalmente recibió ayuda.
ImmDef y otros proveedores de servicios legales se vieron obligados a viajar al otro lado de la frontera para reunirse con clientes en México, lo que redujo drásticamente su capacidad de casos, impuso costos financieros significativos y puso a su personal en gran riesgo personal. Durante la gubernatura de Joe Biden, la orden de Permanecer en México fue anulada en 2021.
“La política de Permanecer en México fue un capítulo profundamente vergonzoso en la primera administración de Trump”, dijo Melissa Crow, directora de litigios del Centro de Estudios de Género y Refugiados (CGRS). “La política fue un desastre humanitario y de debido proceso, exponiendo a familias, niños y adultos vulnerables a una violencia horrible, al tiempo que saboteaba los esfuerzos de grupos como ImmDef que luchan por brindar algo parecido al debido proceso a sus clientes”.
Para Tess Hellgreen, directora de Defensa Legal en el Laboratorio de Derecho de Innovación, la política de Permanecer en México fue cruel e ilegal cuando se implementó en 2019, y es cruel e ilegal ahora.
“Seguiremos luchando en los tribunales para defender el derecho uniforme a solicitar asilo”, dijo Hellgreen.
Por su parte, la abogada supervisora del Proyecto Nacional de Inmigración, Victoria Neilson, sostuvo que los llamados Protocolos de Protección al Migrante fueron diseñados para obligar a los solicitantes de asilo a renunciar a sus solicitudes, haciéndoles esperar en condiciones peligrosas en México y negándoles el acceso a un abogado.
“El programa es una parodia de los derechos humanos y ya ha infligido un inmenso sufrimiento a miles de familias vulnerables. Estamos pidiendo a la corte que impida que la administración reinicie este programa cruel e ilegal y que garantice que Estados Unidos cumpla con sus obligaciones legales y morales con quienes buscan seguridad”, dijo.
En este caso, ImmDef está representada por el Centro de Estudios de Género y Refugiados (CGRS), el Laboratorio de Derecho de Innovación y el Proyecto Nacional de Inmigración.
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