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El abogado Jorge Colindres, recién perfumado y afeitado, me entregó un casco para que suba en ascensor hasta el piso 14 de lo que ahora es el edificio más alto de la isla hondureña de Roatán; casi el doble de lo que permite el código de construcción local. Cuando la construcción esté terminada, Duna Residences albergará 82 departamentos con vista a una selva de palmeras, al Caribe y a varios otros edificios nuevos que el gobierno hondureño considera ilegales.
Si Próspera fuera una ciudad normal, Colindres sería considerado su alcalde; su título aquí es “secretario técnico”. Mientras observábamos un claro entre los árboles en febrero, señaló hacia el pequeño complejo de oficinas donde trabaja recaudando impuestos y gestionando las finanzas públicas para los aproximadamente 2000 residentes físicos y electrónicos de la ciudad, muchos de los cuales han pagado una cuota por el derecho a vivir en Próspera o constituir una empresa a distancia allí. Cerca hay una fábrica que construirá casas modulares a lo largo de la costa, diseñadas por Zaha Hadid Architects. En la otra dirección, a alrededor de un kilómetro y medio, se encuentran algunos de los negocios de la ciudad: un café y centro educativo de bitcóin, una clínica de genética, una tienda de artículos de buceo. Los drones de un servicio de reparto de alimentos y suministros médicos despegarán desde esta azotea.
Aún no hay mucho más que ver. Sin embargo, la empresa con sede en Delaware que fundó esta ciudad experimental en 2017 ha recaudado 120 millones de dólares en inversiones —incluidas las de fondos de capital riesgo respaldados por los multimillonarios de Silicon Valley Peter Thiel, Sam Altman y Marc Andreessen— para transformar el territorio, de aproximadamente dos veces el tamaño de Mónaco, en la “ciudad startup” más desarrollada del mundo. Construida en una jurisdicción semiautónoma conocida como ZEDE (Zona de Empleo y Desarrollo Económico), Próspera es una ciudad privada con fines de lucro, con un gobierno propio que atrae a los inversores extranjeros mediante impuestos bajos y una regulación ligera. Las empresas pueden elegir un marco regulador de un menú de 36 países, o personalizar el suyo.
Una compañía californiana ofrece educación Montessori a unos 60 alumnos. La seguridad corre a cargo de una empresa privada de guardias armados. Un centro de arbitraje formado por tres jueces jubilados de Arizona se ocupa de la resolución de disputas. (Para entrar en la jurisdicción, me dijeron que tenía que firmar un “acuerdo de coexistencia” por el que me comprometía a cumplir 4202 páginas de normas, cuyas infracciones estarían sujetas a la autoridad jurisdiccional del centro de arbitraje).
Próspera se ha hecho especialmente conocida por las instalaciones médicas experimentales de la zona, que realizan ensayos clínicos sin tener que cumplir las normas de la FDA. La semana de mi visita, Patri Friedman (nieto del economista Milton Friedman y fundador de un fondo de ciudades startup que invirtió en Próspera) se implantó un chip con la llave de su Tesla en la mano. En un viaje anterior, se cepilló los dientes con bacterias modificadas genéticamente que presuntamente previenen las caries. En otra ocasión, le inyectaron un estimulante proteico destinado a hacerlo “más fuerte y más rápido”, como él mismo dijo ese fin de semana en una conferencia en Roatán.
“Puedo decirles en qué momento Próspera se hizo más real para mí”, dijo Friedman al público. “Cuando me senté a rellenar los formularios de consentimiento informado que decían: ‘Este acuerdo se rige por las leyes de Próspera ZEDE; cualquier disputa será arbitrada por el Centro de Arbitraje de Próspera’. O sea, ustedes se rigen por leyes distintas”.
En el mundo hay más de 5400 de estas zonas económicas especiales, que van desde los puertos francos para el comercio libre de impuestos hasta la región administrativa especial de Hong Kong. Tan solo en la última década han surgido unas mil zonas, entre ellas decenas de ciudades startup —a veces llamadas ciudades chárter—, la mayoría en países en desarrollo como Zambia y Filipinas. Algunas han crecido hasta convertirse en grandes centros urbanos, como Shenzhen, que pasó de ser un pueblo pesquero a ser una de las ciudades más grandes de China, con un PIB de 482.000 millones de dólares, tras haber sido designada zona económica especial en 1980.
Cada zona ofrece un cierto grado de escape a los impuestos y la supervisión gubernamental, una perspectiva que ha entusiasmado a los pensadores libertarios y anarcocapitalistas desde que Ayn Rand imaginó una utopía de libre mercado llamada la Quebrada de Galt en La rebelión de Atlas, si no es que antes. En la actualidad, los crecientes enfrentamientos entre el gobierno y las grandes tecnológicas —como la guerra reguladora de la Comisión de Bolsa y Valores contra las criptomonedas o las repetidas investigaciones de SpaceX por parte de la Administración Federal de Aviación— ha impulsado a algunos empresarios de Silicon Valley a buscar núcleos de soberanía cada vez más fragmentados. Y con la disfunción gubernamental impidiendo reformas incluso en ciudades ricas como San Francisco, que está inmersa en una crisis de vivienda asequible desde hace décadas, y Nueva York, que acaba de perderse de hasta mil millones de dólares luego de que Albany desechara un plan para tarificar la congestión que llevaba 17 años en preparación y que habría financiado el transporte público, no es difícil ver el atractivo de empezar de cero.
En su material promocional, Próspera se dirige a los “pioneros del siglo XXI” que no solo buscan políticas de no intervención, sino también “buenos momentos y vibras caribeñas”. Vuelos directos desde Miami y Houston transportan a estos nómadas digitales a Roatán en menos de tres horas. Luego, desde una tumbona en la playa, pueden registrar un negocio con solo pulsar un botón. Aunque de momento solo se ha construido un edificio residencial, durante mi visita, un ecocondominio que se abrirá más adelante intentaba atraer a compradores que buscaran “más libertad personal” y menos “drama político”. El plan de inversión original de Próspera preveía que en 2030 la ciudad tendría 38.000 habitantes y que la inversión extranjera directa en el país alcanzaría los 500 millones de dólares el año que viene.
Pero el objetivo de Próspera (“construir el futuro del gobierno humano: gestión privada y con fines de lucro”) inquieta a mucha gente. Los críticos lo han descrito como un estado neocolonial dentro de otro estado, o un ejemplo de monarquía corporativa en la que directores ejecutivos con yates explotan la tierra y la mano de obra en un país pobre. Keller Easterling, urbanista y teórica de la arquitectura, considera que Próspera de ciudad solo tiene el nombre, como si fuera —por poner un ejemplo— la colchonería Mattress City. En realidad, dice, las zonas son mercados desregulados con impuestos bajos.
Mientras mirábamos más allá del techo de la torre, vino a mi mente el caso de un subcontratista que estuvo trabajando en la torre de departamentos una noche dos meses antes. Se había ido la luz y él se acercó al borde del suelo para gritarle a su equipo que activara un generador, pero dio un paso de más y cayó a su muerte. Si las empresas eligen sus propios marcos normativos, como ocurre en Próspera, ¿quién las hace responsables si ponen en peligro o dañan a uno de sus empleados?
“Próspera ZEDE tiene su propio régimen laboral”, explicó Colindres cuando le pregunté al respecto más tarde. Me dijo que la familia del trabajador fue indemnizada adecuadamente —recibiendo al menos lo que exigía la legislación hondureña—, pero se negó a revelar detalles. Si se llevó a cabo una investigación independiente, sus conclusiones no se han hecho públicas. Después de todo, el objetivo de un lugar como Próspera es que no haya realmente un “público” del que hablar.
Esta falta de transparencia es una de las críticas que Próspera suele recibir, y actualmente no está claro si el experimento puede continuar. En años recientes, la vehemente oposición del gobierno hondureño y de las comunidades vecinas ha puesto en peligro el futuro de Próspera. Ahora, su destino —así como el del movimiento de ciudades privadas en general— pende de un hilo en un caso crucial ante un tribunal internacional.
Hay unas tres decenas de ciudades chárter en funcionamiento en el mundo, según una estimación de Adrianople Group, una empresa de asesoría especializada en zonas económicas especiales. Otras están en fase de desarrollo, como el East Solano Plan, dirigido por una empresa inmobiliaria que ha dedicado los últimos siete años a comprar 900 millones de dólares en terrenos de ranchos del área de la bahía de San Francisco para construir una alternativa privatizada a esa ciudad; Praxis, un “criptoestado” en el Mediterráneo; y la República Libre de Liberland, una franja de alrededor de ocho kilómetros cuadrados de llanura aluvial no reclamada entre Serbia y Croacia. Muchos de los mismos nombres ideológicamente afines —Balaji Srinivasan, Peter Thiel, Marc Andreessen, Friedman— se repiten como financiadores; Patrik Schumacher, director de Zaha Hadid Architects y crítico de la vivienda pública, está detrás de varios de sus diseños urbanos (o virtuales).
Srinivasan, antiguo director de tecnología de Coinbase y ahora asesor de Pronomos Capital, el fondo de Friedman para construir ciudades startup, sostiene en su libro The Network State de 2022 que estos nuevos centros propicios para los negocios pronto competirán con los estados-nación y, algún día, los sustituirán. The Network State se inspira, dijo, en el Estado de Israel. “Ese país empezó por un libro”, tuiteó en 2022, refiriéndose al manifiesto de Theodor Herzl de 1896, El Estado judío. “Se puede fundar una tribu”, dijo Srinivasan en un podcast. “Lo que realmente pido es algo así como un sionismo tecnológico: cuando una comunidad se forma en internet y luego se reúne en un espacio físico para formar una ‘diáspora inversa’”.
El concepto podría haber quedado al margen de los foros libertarios y neorreaccionarios si Paul Romer, quien llegaría a ser economista jefe del Banco Mundial y a ganar el Premio Nobel, no hubiera hecho de las ciudades chárter el tema de una popular charla TED de 2009. En ella, proyectó la foto de unos estudiantes de un país africano haciendo sus deberes bajo la luz del alumbrado público, explicando que su gobierno exigía a la compañía eléctrica que suministrara energía a precios tan bajos que la empresa decidió no prestar servicio alguno a los hogares de su zona. Cuando el presidente intentó reformar el sistema, explicó, los consumidores y los empresarios se opusieron, y al final nada cambió. Romer sostenía que las ciudades chárter darían a los países en desarrollo la oportunidad de prosperar al ceder territorio deshabitado a naciones más ricas para que lo desarrollaran.
Este país gobernante actuaría como “garante” del país anfitrión y redactaría sus propias leyes y reglamentos, lo que atraería a empresas privadas a invertir y construir las ciudades. A su vez, un torrente de empleos, tecnología y oportunidades educativas llegaría al país anfitrión, que también compartiría los ingresos. Los habitantes locales dejarían de marcharse a países más ricos, migrantes llegarían a la zona, se establecería un círculo virtuoso y los estudiantes no tendrían que hacer sus deberes en la calle. “La ciudad puede construirse”, dijo Romer en su conferencia. “Y podemos ampliar este modelo. Podemos hacerlo una y otra vez”.
En la misma época en la que Romer pronunciaba su charla TED, soldados hondureños tomaron por asalto la casa del presidente izquierdista del país, Manuel Zelaya. Lo sacaron a punta de pistola, en pijama, y lo metieron en un avión con destino a Costa Rica. Zelaya había planeado celebrar un referendo público sobre la reforma de la Constitución, que sus críticos consideraban un intento de ampliar ilegalmente los límites del mandato. Poco después del golpe, los militares celebraron otras elecciones, en las que resultó electo el candidato conservador Porfirio Lobo, quien había perdido la anterior contienda contra Zelaya. Varios países, entre ellos Estados Unidos, cuestionaron la legitimidad de unas elecciones organizadas por los golpistas.
El jefe de gabinete del presidente Lobo, el abogado Octavio Sánchez, educado en Harvard, vio la charla TED de Romer y pensó que eso era justo lo que Honduras necesitaba para alcanzar la prosperidad económica. Sánchez organizó una reunión en Miami entre Romer, Lobo y el presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández. Lobo le dijo a Romer que para hacer algo tan importante como lo que él proponía —crear una zona que sustituyera las leyes hondureñas con las de una nación más rica— tendrían que modificar la Constitución.
Romer visitó Tegucigalpa poco después. Honduras, un país donde más de la mitad de la población vivía en la pobreza y 75.000 personas se marchaban cada año a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, era un campo de pruebas ideal para su proyecto. Cuando Romer regresó a su país, grabó una charla TED de seguimiento titulada ¿La primera ciudad chárter del mundo?.
Siguieron tres años tumultuosos: Romer y la junta de supervisión que ayudó a crear fueron hechos a un lado y la Corte Suprema de Honduras rechazó inicialmente la enmienda constitucional. Pero el Congreso, encabezado por Hernández, destituyó a los cuatro jueces opositores en lo que algunos críticos denominaron un “golpe técnico”. (Hernández, quien sucedió a Lobo como presidente de Honduras, siguió teniendo una carrera empañada por la corrupción, y recientemente fue condenado a 45 años en una prisión federal de Estados Unidos por narcotráfico). En 2013, Honduras modificó su Constitución para permitir la creación de zonas autónomas, siguiendo los pasos de China y Emiratos Árabes Unidos.
Me encontré con Colindres en la puerta de su despacho un “miércoles de bienestar”. Personal de catering había colocado fruta y barritas de cereales en una cafetería al aire libre en la sede de la ciudad, un pequeño complejo de tres edificios interconectados sobre un cuidado césped tropical. Un guardia con uniforme de combate negro y un rifle de doble cañón se paseaba cerca de un banco colgante. Colindres, que tiene 31 años, pelaba una naranja mientras comenzaba a hablarme de la historia de su familia en Honduras. Uno de sus abuelos luchó en las fuerzas armadas hondureñas contra el comunismo durante la Guerra Fría. Más tarde, su tío, presidente de la Cámara de Comercio, fue tomado como rehén por la guerrilla comunista. El héroe de Colindres es el protagonista de la historia de éxito capitalista de su familia: su bisabuelo Constantino Marinakys, quien emigró de Grecia tras la Primera Guerra Mundial y amasó una fortuna, en parte abriendo tiendas de comestibles durante el auge bananero del país a principios del siglo XX.
A finales del siglo XIX, Honduras tenía una inmensa deuda con Gran Bretaña y empezó a ofrecer tierras e incentivos financieros para atraer la inversión extranjera. Con el tiempo, empresas bananeras de EE. UU., como Cuyamel y United Fruit (ahora conocida como Chiquita), construyeron ferrocarriles, infraestructuras portuarias y otros proyectos a cambio de tierras. A principios de la Primera Guerra Mundial, el escritor O. Henry había bautizado al país como la “república bananera” original. Las seis mayores compañías bananeras poseían más de 40.468 hectáreas de tierra fértil en la costa norte de Honduras y, en 1911, una de ellas orquestó un golpe de estado para instalar un gobierno títere.
Donde muchos ven una historia de explotación, Colindres describe una de productividad del sector privado. A medida que los trabajadores emigraron a las costas para trabajar, las plantaciones se convirtieron en pequeñas ciudades con sus propias viviendas, escuelas, hospitales y tiendas. “Por aquel entonces había muy poca infraestructura, así que cuando llegaron las compañías bananeras se tuvo que hacer todo”, dijo Colindres. “No había carreteras, ni electricidad. Todo lo que consideramos infraestructura pública en Honduras, lo puso el sector privado”.
Las opiniones políticas de Colindres empezaron a endurecerse cuando era adolescente y vivió el golpe de 2009. Estudió derecho y llegó a la conclusión de que si quería tener una carrera satisfactoria, tendría que marcharse de Honduras a Estados Unidos. Pero entonces llegó la noticia de que se había aprobado la enmienda constitucional de la ZEDE. La ley hondureña conservaba la autoridad nacional en algunos campos, como el derecho penal, pero concedía a las zonas amplia libertad para establecer sus propios tribunales, políticas fiscales y protecciones laborales y medioambientales.
En 2014, como exigía la enmienda, Juan Orlando Hernández nombró un grupo para supervisar las ZEDEs. Entre los primeros miembros se encontraban una nieta del último emperador austriaco y un grupo de republicanos estadounidenses que incluía a Mark Klugmann, antiguo redactor de discursos de Reagan; al activista antiimpuestos Grover Norquist; a Faith Whittlesey, antigua ayudante de Reagan; al economista libertario Mark Skousen y al hijo de Ronald Reagan, Michael Reagan. Un par de años más tarde, los legisladores hondureños se enteraron de que un empresario de Arizona llamado Erick Brimen estaba presionando a Washington para que hiciera un uso creativo de la Cláusula Compacta de la Constitución de EE. UU. para aprobar un proyecto de ley que estableciera “zonas de prosperidad” de baja regulación. Brimen tenía dificultades para poner en práctica su proyecto en Estados Unidos, así que aceptó la oferta de los hondureños de desarrollar una zona como la que imaginaba Romer, pero gestionada por una empresa privada y no por otra nación.
Brimen, que creció en una familia adinerada en Venezuela hasta que se mudó a Estados Unidos a los 12 años, conoció a Gabriel Delgado, un empresario guatemalteco que ya había puesto la mira en un par de terrenos en Roatán como sitios potenciales. En 2017, decidieron trabajar juntos, con Brimen actuando como director ejecutivo y Delgado dirigiendo la recaudación de fondos y el desarrollo inmobiliario. Consiguieron inversiones iniciales de Pronomos Capital, de Friedman, y de un inversor anónimo “detrás” de SpaceX. Pero su éxito en la creación de la primera ZEDE, dijeron, se debe en parte a haber mantenido sus creencias ideológicas en secreto. “En lugar de decir que intentamos crear una libertopía”, declaró Brimen a la revista libertaria Reason en 2021, “cambiamos la conversación y pasamos de promover una ideología política a, sí, la libertad, pero como herramienta para el desarrollo”. Tras una lluvia de ideas, a Brimen se le ocurrió un nombre que podría lograrlo: Honduras Próspera, Inc.
Cuando Colindres se enteró de que el proyecto había echado a andar, se puso en contacto con Brimen, quien expresó interés en su artículo de 2019 Haz que Honduras sea grande: las ciudades chárter como programa de desarrollo.
“Dijo: ‘Yo también quiero hacer que Honduras sea grande’”, recordó Colindres. Prometió a Brimen su apoyo. “Déjame traer todos mis contactos y a todos mis clientes y a todo el mundo para que se una”, le dijo. “Y eso es lo que hice”.
Próspera ya ha incorporado 222 empresas a la ZEDE, entre ellas una agencia de contratación externa y muchos centros médicos experimentales. Minicircle, fundada por dos jóvenes biohackers, ofrece un producto que, según ellos, podría curar el alzhéimer y eliminar todos los tumores; Symbiont Labs fabrica implantes que convierten a las personas en “cyborgs autosuficientes”; el Bay Islands Fitness and Transformation Center ofrece inyecciones de semaglutida asequibles; y la Global Alliance for Regenerative Medicine proporciona tratamientos con células madre. (Un hombre que iba sentado junto a mí en mi vuelo desde Roatán me mostró las graves quemaduras que tenía en los brazos, que había venido a tratar a la clínica). Mientras yo estaba de visita, una “ciudad emergente” llamada Vitalia utilizó un domo que había levantado en los terrenos de Próspera para ofrecer eventos para innovadores de la biotecnología que quieren “hacer que la muerte sea opcional”.
Gran parte de la actividad de Próspera no tiene lugar en la zona donde se levanta la torre Duna y trabaja Colindres, sino a 15 minutos en coche, en Pristine Bay, una comunidad verde y privada de golf y club de playa. A partir de 2021, Próspera empezó a incorporar partes del complejo a la zona. Junto a las canchas de tenis, vi el domo de carpas blancas de Vitalia, aunque los organizadores no me permitieron asistir a ninguno de sus eventos. Reason tampoco me permitió acceder a una conferencia que se celebraba en el hotel. Entonces estuve en la piscina y, calle abajo, en la AmityAge Academy, un antiguo restaurante que un profesor de matemáticas eslovaco había convertido en un café y centro educativo de bitcóin.
Allí conocí a Zussel Ramos, de 25 años, en aquel momento educadora principal de AmityAge, junto a una estantería que incluía los libros Burocracia de Ludwig von Mises, Capitalismo de Ayn Rand y 12 reglas para la vida de Jordan Peterson. Compré un café —el camarero me dejó pagar con dinero fiduciario por única ocasión— y luego Ramos me llevó a conocer el lugar. En las paredes del piso de abajo colgaban una máquina para extraer bitcoines, un retrato de Guy Fawkes a horcajadas sobre un corcel verde y un mapa de Roatán con cuadritos de papel de colores que señalaban las decenas de negocios que ahora aceptan bitcóin, en gran parte gracias a la persistencia puerta a puerta de Ramos.
Ramos me dijo que ansiaba mudarse a Próspera, probablemente a la torre Duna. Entonces solicitaría la residencia física, lo que le daría derecho a votar por los dirigentes de la ZEDE: un voto por cada metro cuadrado de terreno que posea, de acuerdo con las normas actuales. Por ahora muy pocas personas viven a tiempo completo en la ZEDE, que es una cuadrícula de territorio tanto en la isla como en el continente. Empezó con 23 hectáreas en Roatán, pero como el territorio de una ZEDE no necesita ser contiguo, ha añadido 155 hectáreas en La Ceiba, en la parte continental, seguidos de otras 96 hectáreas en Port Royal, en Roatán, y 130 hectáreas en Pristine Bay.
La cantidad de terreno que la ZEDE de Próspera tiene previsto absorber es la fuente de gran parte del conflicto que ahora asedia al proyecto. Las primeras imágenes promocionales provocaron indignación por mostrar la costa norte de la isla salpicada de rascacielos, casas futuristas y puertos llenos de yates, en lugar de las chozas de madera y la selva que existen allí ahora. Una imagen que pronosticaba el crecimiento de Próspera de aldea a pueblo y a ciudad daba la impresión de que el proyecto había “empezado a engullir las zonas circundantes”, dice Ricardo González, asesor jurídico de Honduras Próspera Inc. Quienes vivían en esas zonas “se lo tomaron de manera literal”, dice, pero no debería haber sido así. “Todo es voluntario, no podemos tomar sus tierras y decir ‘ahora nos pertenece’”.
Pero también es cierto que la ley de la ZEDE permite al gobierno hondureño obligar a los propietarios a vender a una zona, siempre que se les pague el valor justo de mercado por la propiedad. Brimen insiste en que Próspera nunca se aprovecharía de esa estipulación, pues viola la santidad de los derechos de propiedad privada, y que la empresa se ha autoimpuesto “las mayores limitaciones posibles al respecto en sus estatutos”. Sin embargo, la existencia de la estipulación puso en marcha una espectacular serie de acontecimientos cuando Próspera empezó a incorporar terrenos.
La torre Duna se encuentra junto a una bifurcación: un camino lleva a la puerta de Próspera, vigilada por guardias armados y con contratos, y el otro serpentea por un sendero de tierra hasta un pequeño pueblo de pescadores llamado Crawfish Rock. Roatán, gracias a su próspera industria turística, genera más dinero que muchas partes de Honduras, pero Crawfish Rock —sede de una comunidad de personas negras de habla inglesa (Roatán es una antigua colonia británica)— es una excepción. Las casas de color turquesa y durazno se sostienen con pilotes, y sus tejados están hechos con trozos de metal corrugado.
Según Vanessa Cárdenas, vicepresidenta del patronato de Crawfish Rock, fue en 2019 cuando los primeros representantes de Próspera se acercaron a la comunidad para informarles de los planes de construcción de un complejo turístico cercano. “Es bastante normal que nos aparezcan este tipo de comunidades restringidas y cerradas”, dijo Cárdenas. La isla está llena de ellas. También querían hacer desarrollo comunitario, le dijeron, y ofrecieron préstamos para pequeñas empresas a los residentes de Crawfish Rock. Pero entonces empezaron a ocurrir cosas raras, dijo Cárdenas.
Próspera puso guardias armados en la carretera. Después, Brimen intentó formar un nuevo patronato que, según Cárdenas, estaba repleto de empleados de Próspera. (Un representante de Próspera lo negó). En 2020, Cárdenas recibió un mensaje de voz de alguien de la comunidad que decía: “Este proyecto no es un proyecto normal”. Así que ella y Luisa Connor, la presidenta del patronato, empezaron a investigar sobre Próspera. Se informaron sobre la ley ZEDE y sobre la venta involuntaria de tierras. “En ningún momento nos explicaron” qué era una ZEDE, dice Connor. “Llegaron como un complejo normal que iban a construir junto a la comunidad”. (Un representante de Próspera rebatió esto, diciendo que la empresa celebró múltiples reuniones para explicar el proyecto a los residentes).
La desconfianza se extendió entre los miembros de la comunidad, que sentían que les habían mentido sobre las intenciones de Próspera. En septiembre de 2020, Brimen intentó abordar el conflicto organizando una reunión en Crawfish Rock. Connor le escribió una carta pidiéndole que la pospusiera, porque la covid se estaba extendiendo rápidamente por la isla y los hospitales de allí estaban llenos. Brimen, quien afirma haber sido invitado por los ancianos de la aldea, celebró la reunión esa misma noche a pesar de esto, acompañado de guardias. Se paró en un balcón de un segundo piso y con un micrófono leyó las partes de la ley ZEDE relativas a la expropiación de tierras. “Fue entonces cuando se desató el caos”, dijo Cárdenas. La gente se precipitó escaleras arriba, algunos gritando que se marchara, otros que lo dejaran hablar; hubo empujones y la MacBook de Brimen cayó por la barandilla. Él gritó a la gente que retrocediera y dejara de violar su derecho a la distancia social. Llegaron camiones de policías.
Brimen dijo más tarde que, antes de ser interrumpido, estaba intentando señalar las formas en que la ley restringe, en lugar de promover, la venta forzosa de tierras. Pero un video del encuentro circuló por todos los medios de comunicación hondureños, y el miedo a la expropiación se convirtió en un mensaje impulsor utilizado por los grupos anti-ZEDE en el continente y en las otras Islas de la Bahía. A partir de ese momento, la narrativa cambió de “las ZEDE son malas porque violan los derechos constitucionales”, dice González, a la más contundente “las ZEDE son malas porque te van a quitar tu tierra”.
Nació un movimiento nacional de protesta, y destacados políticos se volvieron contra el proyecto. En 2021, Xiomara Castro, esposa del derrocado presidente Zelaya, hizo de la derogación de las ZEDEs una promesa central de su campaña electoral. Las zonas se vincularon a la corrupción de Juan Orlando Hernández, el presidente en ese momento, a quien muchos hondureños ahora aborrecen. Castro ganó por una clara mayoría. En 2022, el Congreso de Honduras derogó por unanimidad la ley y aprobó una reforma constitucional que aboliría las tres ZEDEs existentes. “Nunca más cargaremos con el estereotipo de la república bananera”, declaró Castro unos meses después ante la Asamblea General de la ONU.
Sin embargo, había un problema: el Congreso, enfrascado en otras prioridades legislativas, no ratificó la reforma. Además, la ley original de las ZEDE garantizaba a las empresas 50 años de estabilidad jurídica, sin importar los cambios que se introdujeran tras la creación de una zona. El resultado neto es que Próspera se encuentra en un limbo jurídico.
Delgado parecía desconcertado por la férrea oposición a Próspera. ¿Cómo era posible que su sueño de enriquecer Centroamérica se hubiera convertido en una piñata política? “No somos maleantes”, me dijo. “Solo somos unos tipos que intentan hacer algo bueno”. Dijo que se inspiró para ayudar a fundar Próspera después de leer los escritos de Maquiavelo sobre la imposibilidad de reformar un sistema desde dentro. “La idea es que si vas a un lugar donde nada, nadie tiene interés, no hay intereses atrincherados, puedes hacer reformas realmente profundas que no afecten a ninguno de los actores”, dijo. Años de disfunción y corrupción serían sustituidos por una gobernanza radicalmente sencilla. El libre mercado y la estabilidad política atraerían a los mejores innovadores e inversores de Occidente, al tiempo que permitirían a las multitudes de microempresarios de América Latina —aquellos que venden naranjas, o “una pierna de pollo en una bolsa”, junto a la carretera, dijo Delgado— crear verdaderas empresas.
Pero al tratar de eludir la política, Próspera se topó directamente con ella. La corrupción endémica en Honduras, el tipo de problema que se suponía que Próspera debía combatir, fue también lo que permitió su creación y ha afectado su búsqueda de legitimidad. Para los hondureños, la perspectiva de que los capitalistas estadounidenses prometan prosperidad puede, en cambio, resucitar los temores de explotación y desposesión. A pesar de la fantasía de salida de Próspera, utiliza carreteras, hospitales y puertos construidos por el gobierno municipal, y comparte una economía y un ecosistema con sus vecinos de Crawfish Rock. El gobierno nacional que le concedió el derecho a existir, mientras tanto, aún puede quitárselo.
En 2022, el gobierno empezó a despojar a Próspera de algunos de los privilegios especiales que le concedieron sus predecesores. Detuvo el servicio aduanero exento de impuestos de la empresa, permitiendo que la zona continuara importando bienes solo si pagaba los mismos aranceles que el resto de Honduras. Colindres dijo que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros también presionó a los bancos hondureños para que cerraran las cuentas de las empresas de Próspera e impidieran a los prestamistas financiar sus proyectos. Duna Residences, por ejemplo, “iba a ser financiada por uno de los bancos más grandes de Honduras”, dijo Colindres. Pero una vez que el presidente Castro llegó al poder, la financiación desapareció y la construcción se retrasó. “La tercera torre ya estaría en construcción si no hubieran hecho eso”.
A finales de 2022, Honduras Próspera Inc. y sus filiales presentaron una astronómica demanda de 10.775 millones de dólares contra el gobierno de Honduras en un tribunal del Banco Mundial llamado Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Se cree que Próspera tiene muchas posibilidades de ganar, en parte, según los críticos, porque el tribunal está sesgado a favor de las empresas, que pueden demandar a los Estados-naciones pero no pueden ser demandadas por ellos.
Una victoria de Próspera podría demostrar una estabilidad jurídica suficiente para atraer inversores y sentar un precedente para nuevas ciudades de todo el mundo. Si pierde, los fundadores de nuevas ciudades tendrán que buscar nuevas estrategias jurídicas. Colindres dijo que su misión ahora es intentar persuadir al gobierno, “ya sea este o el próximo”, para que deje de “acosar” a los bancos y les permita financiar los proyectos de Próspera. Ese podría ser el gobierno de la esposa de Juan Orlando Hernández, Ana García de Hernández, quien pronto anunciaría su candidatura a las elecciones presidenciales de 2025.
Con la construcción retrasada, la vista desde el techo de la torre Duna parecía poco más que una zona de obras: un pedazo de tierra lleno de tablas y plataformas de madera. Había tantos cobertizos como edificios terminados. Aun así, algunos creen que Próspera ya está demasiado avanzada para fracasar: ya se ha invertido demasiado capital y se han contraído demasiados compromisos como para que se echen por tierra en Tegucigalpa. El gobierno está usando “argumentos emocionales más que otra cosa”, me dijo González. “Si tuvieran derecho legal a hacer lo que pretenden, ya lo habrían hecho”.
The post En Honduras, una ciudad con fines de lucro podría fracasar appeared first on New York Times.